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El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha anunciado la apertura del trámite de consulta pública previa del Anteproyecto de la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda, un nuevo marco legislativo que ofrecerá cobertura jurídica y protección a la vivienda social y protegida, entendiéndola como un instrumento clave de la acción pública en favor del derecho a la vivienda. |
Ábalos ha recordado que, desde su llegada al Ministerio, la Agenda Urbana y la Vivienda “son una prioridad y que se verían reforzadas dentro de nuestras prioridades políticas”, dado que en los últimos años “ha sido abandonada o, incluso, se daba una auténtica marcha atrás con, por ejemplo, operaciones de venta de vivienda social a fondos que anulaban su carácter social y perjudicaban a muchas personas en una situación vulnerable”.
Por ello, el ministro ha concluido que “esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer autocrítica como país y dar una vuelta profunda a la cuestión de la vivienda social. Porque algunos de los problemas que vemos hoy derivan de decisiones que se tomaron hace años o décadas”.
La futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda
En este sentido, la futura Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda responde a la necesidad de dotar al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, de una norma con rango de Ley que establezca las bases y garantías de su ejercicio efectivo en todo el territorio.
Esta apertura de la consulta pública previa, invita a asociaciones representativas, colectivos sociales, agentes públicos y privados y al conjunto de la sociedad a formular aportaciones al contenido de una ley, entre cuyos objetivos destacan los siguientes:
Regulación de las políticas de vivienda como servicio público de interés general.
Blindaje de la función social de la vivienda.
Promover el desarrollo de los parques públicos de vivienda.
Refuerzo del derecho de una vivienda digna a precio asequible.
Refuerzo de la planificación y cooperación interadministrativa en la materia.
Transparencia e información en las operaciones inmobiliarias de vivienda.
Asimismo, la futura ley forma parte de un marco de acción en materia de vivienda que, entre otras metas, persigue ampliar la oferta de vivienda social en España, sumándose al desarrollo de varias medidas que el Ministerio está implementando y en las que está trabajando, como, por ejemplo:
El Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.
El Plan 20.000 viviendas en alquiler social o asequible.
Las medidas orientadas a crear un entorno favorable para la promoción de vivienda en alquiler a precios asequibles.
El Plan de Rehabilitación y Renovación Urbana Sostenible.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE
Además, va en la línea ya marcada por todas las medidas que se han implementado en estos meses como consecuencia del coronavirus, protegiendo y haciendo posible que los ciudadanos no vean menoscabado su acceso a una vivienda digna y adecuada.
Nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social
Este anuncio se ha realizado en el acto de presentación, celebrado en la sede del Ministerio, del nuevo Boletín Especial sobre Vivienda Social del Observatorio de Vivienda y Suelo, cuyos datos ofrecen la información más relevante de que se dispone actualmente en la materia y en el que se pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas en favor de la vivienda social, entendida como aquella vivienda en régimen de alquiler de precio limitado de titularidad pública o de entidades especializadas del tercer sector, dirigida a personas y hogares con dificultades de acceso a una vivienda en el mercado.
La vivienda social constituye un instrumento de política de vivienda escasamente desarrollado en España, en contraste con los principales países europeos, al haber estado centrada la producción de vivienda protegida en nuestro país en las promociones destinadas a la venta.
Por su parte, el nuevo “Boletín Especial Vivienda Social 2020” recoge información aportada por las distintas CCAA y principales ayuntamientos, así como datos del Ministerio de Hacienda, de la oficina estadística europea Eurostat, entre otras fuentes de información, para dar a conocer la situación de la vivienda social en nuestro país.
El Gobierno cree que faltan 1,7 millones de viviendas protegidas para igualar a la UE
Mientras se prepara esta nueva ley, el sector de la construcción permanece muy atento a la posible reactivación que podría suponer para la actividad en la edificación.
Destaca en este sentido la información publicada por el diario digital Vozpopuli recientemente en la que se especula con la posibilidad de un gran plan de vivienda pública en alquiler.
Según esta información, un inédito estudio sobre la ‘vivienda social’ desarrollado por el ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana pone cifras oficiales a un fenómeno sobre el que el Gobierno pretende legislar. De acuerdo a las cifras tenidas en cuenta por el Ejecutivo, en España haría faltan 1,7 millones de “viviendas sociales”; esto es, viviendas de titularidad pública o con algún tipo de protección sobre el precio destinadas al alquiler, para que la cuota de este tipo de viviendas en el mercado se equipare con la media europea.
Para dimensionar esa cifra, valga recordar que la patronal de promotores, la Asociación de Constructores Promotores de España (ACPE), calculaba, antes de la pandemia, que en España había demanda potencial para 1,5 millones de nuevas viviendas en total hasta 2030.
El informe del Gobierno hace hincapié en la escasa representación que tiene la vivienda protegida en el mercado nacional respecto a la media UE. Frente al 2,5% de cuota que tienen las viviendas de alquiler protegido en España, la media europea es del 9,3%. El consenso es que se trata de pisos cuya renta supone un 35% o menos de los ingresos del hogar.
De acuerdo al estudio del Gobierno, desde 1981 en adelante 10.969.914 viviendas, de las que el 21% fue construida originalmente como vivienda protegida. La mayoría de estas acabaron pasando al mercado libre de la compraventa en un país como el español que ha sido tradicional y culturalmente de propietarios hasta la crisis inmobiliaria.
Esta última dañó al sector inmobiliario en general y en especial a la vivienda protegida hasta el punto de que en 2019 solo se levantaron 1.031 viviendas protegidas de alquiler. La vivienda protegida pasó de suponer el 47% de la promoción de viviendas entre 1981 y 1990 al 3,2% en el período entre 2010 y 2019. En la última década, solo el 20% de la vivienda protegida ha sido de iniciativa pública. La inversión estatal en vivienda pasó del 0,18% del PIB en 2007 al 0,10% en 2017.
El Banco de España ha recomendado apostar por el desarrollo de la vivienda social ante la subida de los precios en el mercado del alquiler, destacando la apuesta en este sentido del País Vasco.
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