El sector español de la Carretera traslada al Gobierno veinte medidas para recuperar el crecimiento y activar el empleo bajo la coordinación de los
ministerios de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y de Política Territorial y
Función Pública. Destacamos las 11 de ellas para la recuperación tras la pandemia.
g Medidas propuestas post COVID
n Promover un acuerdo político para comprometer un programa de conservación estable, planificado, con inversión recurrente y programada asociada al valor patrimonial de la infraestructura; un programa vinculado también a la funcionalidad de cada vía, sostenible en el tiempo y que permita reducir los costes globales de operación y mantenimiento de la red.
n Poner en marcha un programa de conservación extraordinario anual, que permita superar el déficit acumulado en los últimos años. En concreto, incrementar en 300 millones de euros durante un período de ocho años las partidas destinadas a conservación y refuerzo de firmes en los Presupuestos Generales del Estado, lo que supondría pasar de los 900 millones de euros que se invierten actualmente a 1.200 millones.
n Respecto a las carreteras dependientes de las Comunidades Autónomas y Diputaciones Forales, incrementar en 600 millones de euros al año –durante los próximos ocho ejercicios- la inversión en su mantenimiento (para el conjunto de las autonomías), de manera que el nivel de inversión para estas redes se sitúe en 1.200 millones de euros anuales.
n Desarrollar un nuevo modelo de gestión del equipamiento vial, basado en inventarios y auscultación, que incorpore criterios de calidad en los proyectos.
n Llevar a cabo un plan de adecuación de puentes y túneles, en este último caso, conforme a la Directiva de 2004 sobre Requisitos Mínimos de Seguridad para Túneles de la Red Transeuropea de Carreteras, siguiendo las recomendaciones al respecto recogidas en el último informe del Tribunal de Cuentas de la Unión Europea.
n Acometer, con carácter general, un programa para la dotación de equipamiento inteligente en las ciudades, tanto de infraestructuras ad hoc como de servicios orientados a optimizar la movilidad.
n Diseñar e implantar un Plan Específico de Seguridad Vial en Carreteras Convencionales, donde se producen cada año el 75% de los accidentes y de las víctimas mortales y por las que circula el 40% del tráfico total; dicho Plan habría de articularse sobre la base de los criterios establecidos en la Directiva 2008/96/CE sobre gestión de la seguridad de las infraestructuras viarias (revisada en 2019), basados en el concepto “Sistema Seguro”.
n Potenciar un Plan de Carreteras 2+1, en las que cada sentido de circulación alterna la existencia de un carril adicional durante un número determinado de kilómetros, eliminándose el choque frontal como consecuencia de adelantamientos y reduciéndose el riesgo de impacto fronto-lateral.
n Considerar la potencialidad de reducción de emisiones que genera una carretera en buen estado de conservación y su contribución al compromiso global en este campo (según datos de la Asociación Española de la Carretera, repavimentar la mitad de la red de carreteras de nuestro país permitiría ahorrar 1.600.000 toneladas de CO2 al año, lo mismo que emite todo el tráfico de la ciudad de Madrid durante 8 meses).
n Definir la hoja de ruta de las Smart Roads, promoviendo un cambio de paradigma ante los nuevos retos de la movilidad en el futuro, centrados en el vehículo eléctrico, autónomo y conectado. El Tribunal de Cuentas de la UE señala algunos de estos retos en su último informe, en concreto el despliegue de la infraestructura necesaria para los combustibles limpios (eléctrico, gas natural licuado, gas natural comprimido e hidrógeno).
n Apoyar la generación de nuevos servicios de utilidad para los usuarios de las vías, basados en la conectividad, el tratamiento de datos, las TIC’s y la Inteligencia Artificial. n
AEC COVID19
