Es preciso invertir 103.824 millones de euros en los
próximos diez años, destacando la atención a las
demandas de agua para minimizar los efectos de las
sequías con 84.644 millones y reducir los efectos de
inundaciones con otros 19.180, según el informe Estrategia e
inversiones para la eficiencia y resiliencia hídrica en España, presentado
por la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias
de Infraestructuras (Seopan) y la ingeniería Typsa.
Por un lado, la inversión estimada de 84.644 millones de
euros para contrarrestar la variabilidad de las precipitaciones
y temperaturas que dan lugar a situaciones de escasez
de agua se desagrega en 2.769 millones destinados al conocimiento
y monitorización del ciclo del agua mediante tecnologías
avanzadas e inteligencia artificial para controlar
en tiempo real consumos y pérdidas, integrando modelos
meteorológicos e hidrológicos y modernizando los SAIH,
10.933 para la adaptación al cambio climático mediante la
ampliación de inversiones en desalación y reutilización,
especialmente en las cuencas mediterráneas, 59.183 a
infraestructuras del ciclo urbano del agua para cumplir con
las Directivas europeas de abastecimiento y saneamiento y
alcanzar tasas mínimas de renovación del uno por ciento
anual y 4.112 millones al cumplimiento de los objetivos
ambientales en el Dominio Público Hidráulico. Por último,
se añaden 7.647 millones para inversiones en el marco de
un Acuerdo Nacional del Agua, que incluyen nuevos trasvases
y la optimización de los existentes, la evaluación de
nuevas necesidades de regulación mediante presas, planes
de conservación y mantenimiento –especialmente en seguridad
de presas– y propuestas de modificación de la Ley de
Aguas para mejorar la coordinación entre planes hidrológicos,
de sequía y de inundaciones.
La segunda parte del estudio recoge 19.180 millones de
euros para reducir el riesgo de inundación y mejorar la resiliencia
hídrica. Esta cifra incluye 3.550 millones en medidas
estructurales para reducir el riesgo de inundación,
9.443 en sistemas de drenaje urbano sostenible, tanques de
tormenta, infraestructuras de laminación y monitorización
de sistemas de saneamiento, 1.542 en infraestructuras verdes
destinadas a conservación de cauces y litoral, restauración
hidrológica forestal y restauración fluvial y 4.644 en
adecuación y modernización de presas conforme a las normas
de seguridad vigentes, un ámbito crítico, centrando la
inversión en la adaptación de aliviaderos, órganos de desagüe
y sistemas de monitorización. Además, se deberán
realizar actuaciones con nuevos sistemas de medida y alerta
temprana, así como la mejora de la permeabilidad de
infraestructuras lineales y su adaptación al cambio climático,
cuyo coste deberá determinarse.
En España, 2,7 millones de personas residen en zonas
inundables, con más de 473.000 en áreas de alto riesgo, con
25.000 kilómetros de ríos y litoral clasificados como zonas
inundables. En este sentido, el informe agrupa 4.052 millones
de inversión en las Cuencas Mediterráneas con varias
actuaciones no previstas en los planes hidrológicos. Entre
ellas, se recomiendan nuevas presas o alternativas a las de
Villamarchante, en el Bajo Turia; Estubeny y el Marquesado
en el Bajo Júcar y afluentes, una nueva presa del Buseo en el
río Reatillo y anticipar la presa de Montesa prevista en el
próximo ciclo hidrológico. Además, se contemplan actuaciones
en estudio por el Ministerio en la cuenca del barranco
del Poyo, el Pla de Quart y los barrancos de Saleta, Pozalet
y Massanassa, con 424 millones de inversión estimada.
El informe pone de relieve la necesidad de establecer un
marco financiero específico para la ejecución de los planes
hidrológicos y de riesgo de inundaciones, actualmente
inexistente. Además, la fragmentación competencial y la
falta de una gobernanza homogénea han generado ineficiencias
en la gestión, con diferencias notables entre territorios
y una carencia generalizada de planificación inversora.
Las infraestructuras hidráulicas están sujetas a una planificación
hidrológica europea, derivada de la Directiva Marco
del Agua del año 2000, que obliga a elaborar planes hidrológicos
y de prevención del riesgo de inundación cada seis
años. Actualmente, en España, están en vigor los Planes
Hidrológicos de tercer ciclo y los Planes de Gestión del
Riesgo de Inundación de segundo ciclo (2022-2027), con
programas de medidas dotados con 37.938 y 3.312 millones
de euros, respectivamente. Sin embargo, la coordinación
entre ambos instrumentos es limitada y la ejecución de las
inversiones es muy baja: en el último ciclo, los Planes
Hidrológicos de Cuenca no alcanzaron el 30% de ejecución.
En palabras de Julián Núñez, presidente de Seopan, “la
catástrofe causada por la Dana de octubre de 2024 ha subrayado
la urgencia de un enfoque integral sobre la planificación, ejecución
y financiación de infraestructuras hidráulicas. Además, nuestro país
afronta sequías cada vez más frecuentes que afectan a nuestra
competitividad, como la agricultura, ganadería y turismo, y a las
nuevas demandas en la economía global, como la industria de la
transformación digital y la industria verde basada en el hidrógeno”.
